En una de las etapas de la lucha contra la pandemia, en la Mesa de Reactivación Económica los empresarios se comprometieron a escalonar sus horarios de entrada y salida para que el transporte público en el que se traslada la mayoría de sus empleados no se saturara y fuese un foco de contagio alto.

Pero todo fue un engaño. Nunca cumplieron ese compromiso ante la complicidad de las autoridades que nada hicieron por obligarlos. Simplemente se hicieron “de la vista gorda”.

Ahora que se accionó el “botón de emergencia”, el gobierno del Estado anunció el establecimiento de una llamada “tarifa solidaria” a cobrar por los taxistas tradicionales -no de plataforma- que no suspendieron actividades y con el propósito de que no se mermara la economía de los jaliscienses que se vieran obligados a utilizar este servicio, luego de que el transporte público urbano suspende corridas a las nueve de la noche entre semana y todo el fin de semana.

Al mismo tiempo, las autoridades estatales aplicaron al servicio público de plataforma la misma restricción que al transporte público: horario y días limitados de servicio.

Estas decisiones erróneas del gobierno del Estado han generado que se abra una “guerra” innecesaria entre los prestadores de servicio de plataforma en contra de los taxistas tradicionales y, al mismo tiempo, dieron el pretexto para que algunos de éstos cobren tarifas excesivamente altas que hasta triplican la que normalmente cobran por el mismo recorrido.

La campaña de los conductores de plataforma consiste en “abarrotar” las redes sociales de quejas falsas en contra de los taxis tradicionales por cobros excesivos, pues con ello pretenden obligar a las autoridades para que les permitan a ellos laborar con un horario más amplio. De hecho, trascendieron algunos textos de mensajes en los que se habla de este operativo para que el servicio de plataformas sea liberado.

Por otro lado, ante la carencia de personal de la Secretaría de Transporte para inspeccionar el servicio de taxis, se han detectado algunos independientes -que no pertenecen a alguna central como la CTM o la CROC- que aprovechan el momento y abusan en el cobro de sus tarifas. Se conoció que ante los reportes ciudadanos -en contra de sitios como el 21 o el 52- se han infraccionado a 26 taxistas y uno fue detenido por falta de documentos.

Juan Huerta Péres, dirigente estatal de la CTM, reveló que han emprendido una campaña de concientización entre sus agremiados para que respeten las “tarifas solidarias”, y le han llamado la atención a aquellos sitios reportados por abuso, aunque aseguró que son los menos. La misma tarea la ha emprendido la CROC, que encabeza Álvarez Esparza.

Al igual que los problemas que causa la restricción del servicio del transporte urbano, la pésima planeación del las autoridades estatales en el caso de taxis y el servicio de plataformas han generado, reitero, problemas innecesarios: una guerra entre plataformas vs taxis tradicionales; la burla de algunos prestadores de estos servicios, particularmente los llamados independientes, a las “tarifas solidarias” que anunció el gobierno y que no han respetado; el costo que los muchos tienen que pagar por causa de unos pocos.

Esto apenas comienza. Ojalá y las autoridades tengan la sensibilidad y la humildad para reconocer sus errores, corregirlos y solucionar los problemas que por su torpeza se generaron. Y sancionar a quienes merecen ser sancionados, sin caer en la satanización de quienes prestan los servicios. Son momentos de solidaridad entre todos.