Ricardo Suro Esteves ha entrado a la recta final de su gestión como presidente del Poder Judicial de Jalisco y la historia lo registrará como uno de los peores, cargando con la vergüenza y el señalamiento de haber reculado en una controversia constitucional contra el Poder Legislativo -que violentó su autonomía e independencia-, ya aprobada por el pleno, y por haberse someterse asimismo y demás compañeros magistrados a la voluntad del titular del Poder Ejecutivo.

Nunca un presidente del Poder Judicial había hecho tan excelente papel de subordinado del gobernador del Estado. Nunca este Poder había estado secuestrado por la partidocracia, quedando en un simple reducto para que las fuerzas políticas y los poderes fácticos colocaran ahí a sus peones, sin mayores méritos que ser sumisos, comenzando por el lamentable Consejo de la Judicatura.

Lejanos tiempos aquellos cuando el Poder Judicial estuvo presidido por hombres con carrera judicial y que supieron mantener “a raya” al Ejecutivo y al Legislativo, cuidando su imagen, dignidad, autonomía e independencia. Quién no recuerda en esta tesitura a figuras como Jorge Humberto Chavira Martínez, Guillermo Reyes Robles, Alfredo González Becerra, Raúl Acosta Cordero, Gilberto Garabito, José María Magallanes y Manuel Higinio Ramiro Ramos.

Y de entre todos ellos, sobresale la figura del magistrado Alfredo González Becerra, quien supo enfrentar con éxito, y con el apoyo de todos sus compañeros que cerraron filas en torno a él, la embestida del primer gobierno panista que con Alberto Cárdenas Jiménez a la cabeza y su secretario general de Gobierno, Raúl Octavio Espinoza Martínez, como operador, pretendió “desaparecerlos”, forzándolos a una renuncia colectiva a cambio de una módica compensación de 150 mil nuevos pesos para cada uno.

Pero fracasaron porque González Becerra, que fue el primero en ser llamado a Palacio de Gobierno, no se “dobló” ante Espinoza Martínez sino, por el contrario, le puso enfrente a todos los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia que rechazaron no sólo la compensación económica que les ofrecieron sino se negaron también a poner a los pies del Ejecutivo su dignidad personal y la autonomía e independencia del Poder Judicial.

No fue fácil la batalla que enfrentó González Becerra y los presidentes que le sucedieron en tanto la presión continuó desde Palacio de Gobierno, pero al haberlo hecho público desde mi columna Entre Semana, en el periódico Ocho Columnas el 9 de noviembre de 1995 -se cumplirán 25 años-, no sólo el Ejecutivo negó que eso fuera cierto sino que obligó la intervención de las fracciones de oposición en el Congreso del Estado, con mayoría panista, y el pronunciamiento en contra de distinguidos juristas del país como don Ignacio Burgoa Orihuela.

Finalmente los magistrados ganaron la batalla: se mantuvieron en sus cargos, algunos con carácter de inamovibles, en tanto que el gobierno cardenista quedó manchado a nivel nacional y Raúl Octavio Espinoza muy debilitado, obligado a dejar el cargo a mitad del sexenio por otros escándalos más en los que se vio involucrado y que dañaron su relación con el gobernador.

Hoy ese Poder Judicial ya no existe. Existe el que está conformado mayoritariamente por personajes sin una trayectoria en el Poder Judicial, sin carrera en la materia, sin méritos académicos y de trayectoria en este terreno para llegar a la máxima tribuna encargada de impartir la justicia, y cuya única “gracia” es tener “padrinos” en los partidos políticos que desde el Congreso del Estado se reparten estos espacios o en el gobierno estatal mismo. Hoy son peones de esos partidos políticos, de esos grupos dentro de los partidos, de esos poderes fácticos en el estado.

Y esa pésima imagen de la que hoy lamentablemente goza el Poder Judicial, es responsabilidad en gran parte de quien lo preside, Ricardo Suro Esteves, quien en lugar de limpiar la maltrecha imagen que dejó su antecesor, Juan Carlos Vega Pámanes, se encargó de hundir más en los pantanos del desprestigio a este Poder que hoy está a merced del Ejecutivo.

Al interior del propio Poder Judicial corren versiones de que a cambio de su ratificación en el cargo como presidente y su ratificación como magistrado, Suro Esteves no tuvo empacho en convertirlo en una dependencia más del Ejecutivo donde el gobernador, a través de sus diputados en el Congreso del Estado, hace y deshace a voluntad.

¿Hay alguna razón para creer que eso no es cierto?