Hay un sector de la iniciativa privada jalisciense que ha comprado la idea de que el munícipe de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro, tiene “amarrada” y asegurada la candidatura del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura en el 2024, que no habrá poder humano que se la arrebate y, por lo tanto, ha decidido no sólo cerrar filas en torno a esta creencia sino convertirse en su cómplice para “ordeñar” las arcas municipales a través del Comité de Adquisiciones, con la complicidad de una mal llamada Contraloría Ciudadana que no es contraloría ni mucho menos ciudadana, en perjuicio de la mayoría de los tapatíos.

Los enterados del “teje y maneje” de los comités de adquisiciones conocen cómo operan para beneficiar a aquellos proveedores consentidos del poder o del gobernante en turno, sabedores de que sus intereses serán satisfechos con el juego de la pirinola donde en todos sus lados tiene inscrita la frase del “todos ganan”… menos la ciudadanía.

Las cúpulas empresariales representadas en estos comités de adquisiciones han dejado de ser confiables y garantía de honestidad para la ciudadanía como lo eran en tiempos pasados, salvo raras excepciones; hoy se les considera como parte de una camarilla que aprovecha el velo de una sospechosa honestidad para obtener particulares ganancias con recursos públicos aportados por la ciudadanía, salvo raras excepciones hoy dejaron de ser representantes de la sociedad para convertirse en cómplices del poder político y económico, con la ventaja que les da ser los grandes decididores de a quién darle la victoria en las amañadas licitaciones, salvo raras excepciones; hoy no son más que figuras serviles del poder en turno, al que le apuestan que llegará al siguiente nivel de gobierno para desde ahí seguir “sangrando”, ahora, a las arcas estatales; hoy se prestan al perverso juego que tanto le critican al Poder Legislativo -con justa razón, por supuesto-, de beneficiarse de las “cuotas” para los “cuates”.

La prueba más clara y descarada de la complicidad y de lo podrido que están estos comités de adquisiciones ha sido revelada ampliamente por Marcatextos y algunos otros pocos medios de comunicación en la amañada e ilegal licitación para el arrendamiento de patrullas para la seguridad pública, donde no sólo se “despacharon” con un sobreprecio de 332 millones de pesos sino que se prestaron a la falsificación de documentos oficiales y legales para poder cometer este “robo en despoblado” a la sociedad tapatía, con la complicidad del magistrado que en aquel tiempo presidía la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, José Ramón Jiménez Gutiérrez, tal y como lo denunció el magistrado Armando García Estrada con pruebas que ya ha hecho públicas y contra quien el munícipe Lemus Navarro ha desatado una perversa campaña en su contra por haber evidenciado estas corruptelas, sin tener elementos para desmentirlo.

Ahora la fraccion edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara presentó ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado una denuncia en contra de quienes resulten responsables como miembros del Comité de Adquisiciones por las compras a sobreprecio que han aprobado y que significan alrededor de 300 millones de pesos que nadie sabe a los bolsillos de quién o quiénes irán a parar o si son parte del “cochinito” que se está haciendo para las próximas campañas electorales.

En voz de la regidora Mariana Fernández Ramírez, los ediles morenistas revelaron el listado donde han confirmado compras o rentas a sobreprecio aprobados por el Comité de Adquisiciones que consideran son delitos que deben ser sancionados por la autoridad competente: El arrendamiento de patrullas por casi 800 millones de pesos; la compra o renta de un carrusel por 26 millones de pesos, con un sobreprecio de 16 millones de pesos; compra de tenis para alumnos de nivel básico, más caros que en Zapopan, aún cuando se trata del mismo proveedor; el seguro de menaje para víctimas de la delincuencia o de un siniestro natural; la atención a los llamados “puntos limpios”; y la compra de laptops, entre otros.

¿Qué sucedió con estos comités de adquisiciones que hoy son comparsas del poder para hacer jugosos negocios a costa del dinero de los ciudadanos y al amparo de la impunidad que los cobija?

Y que me perdonen, pero la autoridad municipal no puede apelar a que la Contraloría Ciudadana investigó y no encontró irregularidades en estas denuncias, porque es una segunda “bofetada” para los tapatíos, pues esta dependencia pasó a estar burda y públicamente al servicio del gobernante, apostándole a que la titular pueda pronto ser Auditora Superior del Estado o magistrada del Supremo Tribunal de Justicia.

Ahora vamos a ver si la Fiscalía Anticorrupción no “compra” la misma idea que “compró” el Comité de Adquisiciones de Guadalajara y se convierte también en cómplice y parte de su camarilla.

Al tiempo…