En un encendido discurso de confrontación con el gobierno federal desde la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, aquel día 11 de noviembre del 2018, en su calidad de gobernador electo y a poco menos de un mes de asumir el cargo como titular del Ejecutivo estatal, Enrique Alfaro Ramírez fue categórico en su mensaje a Andrés Manuel López Obrador:

“Las autoridades estatal y municipales, electas, no somos invitados a la mesa de seguridad; somos, señor presidente electo, los responsables de la seguridad en nuestro estado por mandato constitucional…“.(negritas del redactor).

Dos años y medio después de aquel reclamo a López Obrador, Jalisco ocupa el primer lugar en desaparecidos, sólo el año pasado se registraron 1,568; primer lugar en el número de fosas clandestinas, 499 en el 2020; y cuarto lugar en feminicidios al cerrar el año pasado 2020 con 66, en tanto que un año antes fueron 58 y en 2018 fueron 32.

De acuerdo a un estudio realizado por investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, dado a conocer ayer -periódico NTR Guadalajara-, el nivel de víctimas de masacres -de tres a más- en Jalisco es 43 veces mayor al de Estados Unidos.

Según la investigadora Dolores Chinas Salazar, catedrática de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, en 2018 se registraron 217 muertos por masacres en Estados Unidos, en tanto en Jalisco fueron 237; en 2019 fueron 255 en la Unión Americana y 268 en tierras jaliscienses; y en 2020 fueron 185 en el vecino país del norte y 146 en el estado; en tanto que de enero a marzo de este año van 79 víctimas de masacres, mientras en Jalisco ya se alcanzan las 75.

Y a finales de la semana pasada, el escenario en Jalisco fue de terror: tres jóvenes sacados de su casa, desaparecidos y encontrados asesinados; cinco jóvenes masacrados en una cenaduría en Jocotepec; 600 familias desplazadas de Teocaltiche asolados por el crimen organizado; balacera en pleno centro de Tlaquepaque y un total de 14 asesinados entre sábado y domingo.

Eso, sin contar hechos ocurridos en Puerto Vallarta y que conmocionaron no sólo al estado sino al país: un grupo de turistas guanajuatenses “levantados” y uno de ellos asesinado; un conocido empresario inmobiliario “levantado” y su cuerpo sin vida posteriormente encontrado; y el artero asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval.

A todo esto sumémosle las 11 personas masacradas en La Jauja, en Tonalá, así como múltiples ejecuciones en concurridas calles y avenidas de la zona metropolitana a plena luz del día, o secuestros como el registrado en la avenida Real Acueducto.

¿Estará en la memoria del presidente Andrés Manuel aquel reclamo del entonces gobernador electo Enrique Alfaro de que “somos, señor presidente electo, los responsables de la seguridad en nuestro estado, por mandato constitucional…”? ¿Recordará el Mandatario estatal este reclamo que hizo desde la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres exigiendo fueran tomados en cuenta, toda vez que “somos (…) los responsables de la seguridad en nuestro estado, por mandato constitucional”?

Yo he sido insistente, y no quito el dedo del renglón, de que Jalisco y los jaliscienses están pagando el costo del enfrentamiento del gobernador Alfaro Ramírez contra el presidente López Obrador desde antes de que asumiera el cargo -como el evento en la Rotonda, por ejemplo-, sin ignorar que el mismo costo pagan varias de las entidades cuyos gobernadores decidieron confrontar al lópezobradorismo a través de la llamada Alianza Federalista -Guanajuato y Tamaulipas, por ejemplo-.

Y no sólo en el terreno de la inseguridad pública. El costo se paga en diversos rubros que afectan a los ciudadanos, no al gobierno.

Esta actitud del gobernador jaliscienses le ha cerrado las puertas no sólo de la Presidencia de la República sino de la totalidad del gabinete federal, reconocido por el propio Alfaro que ha confesado que ni las llamadas telefónicas le toman.

Sin duda que el combate al crimen organizado es responsabilidad o facultad del gobierno federal, pero ¿qué se puede esperar cuando desde el Ejecutivo estatal se ha “dinamitado” cualquier posibilidad de cooperación, de apoyo y de coordinación? ¿Qué puede esperarse cuando se estira la mano derecha y se lanza el golpe con la izquierda? En Casa Jalisco deben de tener muy clara la advertencia presidencial: “Perdono, pero no olvido…”, con todo lo que ello signifique desde la perspectiva lópezobradorista.

Ayer una multitudinaria marcha universitaria -la UdeG asegura que fueron 10 mil participantes, mientras el Gobierno del Estado lo minimiza a 5 mil-, demandó paz y seguridad, pero el gobierno alfarista ha sido incapaz de proporcionarlas en lo que va de su mandato, tarea que se hace mucho más complicada cuando no se tiene el apoyo del gobierno federal.

Pero las voces de protesta por la inseguridad se incrementan. El Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado, que preside Ana María Vázquez Rodríguez, se suma y dice: “Quienes vivimos en este estado no estamos en guerra, queremos paz y seguridad en nuestros hogares, trabajos y espacios públicos de nuestros municipios.

“Nos rehusamos a vivir paralizadas/os y sometidas/os por la delincuencia organizada que ha hecho de la extorsión y la muerte violenta su arma más poderosa, contra un aparato estatal que no ha podido -o no ha querido- contenerlos y hacer justicia para proteger no solo a las víctimas directas y a sus familias, sino a los cuerpos policíacos”.

Pero vale preguntarnos: ¿Cuántos de los que hoy reclaman el apoyo del gobierno federal o le recriminan la falta de él, aplaudieron la confrontación del gobernador o guardaron silencio sin advertir las consecuencias que eso traería para Jalisco?