El viernes pasado el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, rindió su informe de actividades en una ceremonia en la que fue increpado por el juez Partida Caballero y a la que, en un hecho inaudito, se le impidió el acceso al consejero de la Judicatura Jesús Becerra, como represalia en el marco de la “guerra” del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en contra de la Universidad de Guadalajara y del líder del Grupo Universidad, Raúl Padilla López, conflicto que arrastró también al magistrado Luis Enrique Villanueva cuya ratificación en el cargo fue rechazado por el pleno del Congreso del Estado; sin embargo, el magistrado obtuvo una suspensión para no entregar el cargo hasta que se resuelva el caso de fondo.

En este contexto, y en el marco del 198 aniversario de la fundación del Poder Judicial, el pasado 18 de noviembre los tres poderes de Jalisco montaron una “faramalla” y ofrecieron un espectáculo en el salón de plenos del Supremo Tribunal de Justicia en donde el gobernador Alfaro Ramírez le entregó a Espinosa Licón las “escrituras de posesión (sic)” del inmueble -Palacio de Justicia-, en el que desde hace 70 años se imparte la justicia en el estado.

En su comunicado de prensa de ese evento, el gobierno del Estado refirió en sus dos primeros párrafos lo siguiente:

“En un acto histórico para la vida política y judicial de la entidad, y al igual que ocurrió con el Poder Legislativo en octubre de 2021, el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, entregó este viernes al Presidente del Supremo Tribual de Justicia, Daniel Espinosa Licón, las escrituras de posesión del edificio que albergan las oficinas del Poder Judicial del Estado, enviando un mensaje de respeto absoluto a la autonomía y separación de poderes públicos en Jalisco.

“’El día de hoy quiero hacer entrega a este Supremo Tribunal de Justicia del Estado de las escrituras de este edificio, que es sede del Poder Judicial desde hace 70 años, en el que le ha permitido hacer su trabajo con libertad y autonomía. Hacemos entrega de estas escrituras por la simple razón de que no nos parece congruente, si aspiramos a mantener un Estado donde prive la división de poder y la autonomía de las autoridades, que las escrituras donde funciona el Poder Judicial o el Legislativo estuvieran en propiedad del Poder Ejecutivo. Además, con esta entrega se normaliza la situación jurídica del inmueble”, dijo el mandatario jalisciense al hacer entrega del documento al Magistrado Presidente Espinosa Licón”.

Para empezar, jurídica y legalmente no existen las “escrituras de posesión”. Un especialista y experto en materia jurídica consultado al respecto, fue tajante: “¡Eso es una chicanada política!”.

En este sentido vale preguntarnos: ¿Qué tiene de “histórico para la vida política y judicial” de Jalisco la entrega de unos documentos sin valor legal y jurídico alguno, cuando lo que de acuerdo al Código Civil de Jalisco existen escrituras de propiedad, no de “posesión”, e inmuebles de propiedad privada o de dominio público como son el caso del Palacio de Justicia, donde despachan los magistrados; del Palacio Legislativo, donde despachan los diputados; y el Palacio de Gobierno, donde lo hace el gobernador, entre otros, como igualmente los Palacios Municipales?

Valga destacar que los inmuebles de dominio público están bajo -valga la redundancia-, dominio de la Nación o del Estado, y para que dejen de tener esa designación -de dominio público- corresponde al Congreso del Estado declararlo, siempre y cuando haya una causa justificada. Hasta la fecha no se ha dado el caso, explicó otro especialista consultado sobre el tema, quien, además, resaltó que el Poder Judicial tiene el dominio del inmueble donde está asentado, “con o sin escritura de ‘posesión’ (sic)”.

Además, ¿qué anormalidad existía en la situación jurídica del inmueble, de la que aseguró el Ejecutivo que se “normalizó” con la entrega de estas “escrituras de posesión” (sic)?

En este evento -en el que además de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, estuvo presente la titular del Poder Legislativo, la diputada Mirelle Montes-, la magistrada Verónica Ucaraza y el magistrado presidente Espinosa Licón coincidieron en que lo que les entregó el gobernador Alfaro “no son unos papeles, no son unas hojas”, pero a decir de especialistas y expertos jurídicos sí son simples hojas y papeles, pues jurídicamente no existen las “escrituras de posesión (sic)”.

En este sentido, ¿de dónde salieron estas “escrituras de posesión (sic)”? ¿Dio fe de ellas algún notario público o quién las dotó de legalidad? Si lo hizo un notario, ¿quién fue? ¿En qué precepto legal y jurídico fundamentó dicha “escritura de posesión (sic)? ¿Quién firmó esta “escritura de posesión (sic)? ¿A quién se le “escrituró” la “posesión” de un inmueble de dominio público?

“En un papel todo cabe”, dijo con cierta ironía y jocosamente uno de los especialistas consultados, mientras una fuente que conoce de los entretelones de lo que sucede en el Poder Judicial aseguró que ese montaje de los tres Poderes del Estado fue un mero formalismo que no afecta en esencia, pero que tuvo otro objetivo: dar el “espaldarazo” al presidente magistrado Espinosa Licón para que el próximo jueves 15 se reelija sin mayor problema.

Pero lo vergonzoso de todo esto -lamentan dentro del propio Poder Judicial- es que este espectáculo haya sido montado por quienes supuestamente saben y conocen de leyes, tanto de quienes las hacen (Pode Legislativo) como de quienes las imparten (Poder Judicial).

Anécdotas. Por cierto, sobre los inmuebles del Poder Judicial existen dos anécdotas que tienen registrados en el Supremo Tribunal de Justicia que vale la pena compartir:

  1. Al llegar Jesús Pablo Lemus Navarro a la presidencia municipal de Guadalajara, solicitó al Poder Judicial desocupar el edificio “Luis Manuel Rojas”, sede de la Escuela Jurídica del Supremo Tribunal de Justicia y anteriormente de los Juzgados Civil y Familiar, ubicado en Plaza Tapatía, porque tenía proyectado habilitarlo como “hotel boutique”. Por supuesto, su petición fue rechazada categóricamente.
  1. El entonces gobernador Emilio González Márquez planteó a los magistrados desocupar el Palacio Judicial e instalarse en una nueva sede en Zapopan. Primero les propuso que fuera en “la Curva” -hoy sede del gobierno municipal-, y luego que a un costado de donde hoy está la Ciudad Judicial. Les propuso que el Palacio de Justicia únicamente lo utilizaran para las sesiones del pleno, pues su propósito era ubicar ahí la sede de la Secretaría de Turismo. Obviamente, como a Lemus Navarro, a González Márquez también le rechazaron tajantemente su solicitud.