En su edición de ayer el periódico NTR Guadalajara reveló algunos nuevos casos que reconfirman lo que propios y extraños ya saben: que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez controla el Poder Judicial… así como controla el Poder Legislativo.

Con el pretexto de hacer una “limpia” en el Poder Judicial -como si la misma “limpia” no la necesitara el Ejecutivo- para acabar con la corrupción ahí encasillada -como si no lo estuviera en el Ejecutivo-, con la complicidad de sus diputados de Movimiento Ciudadano y de los partidos “satélite” que le responden como si fuera su patrón -anótese en primer lugar a la pasada fracción del PAN-, presentó y le fue aprobada una reforma con la que simplemente sometió bajo su mandato a magistrados y jueces, a través de lograr el control del Consejo de la Judicatura donde de manera por demás desaseada impuso a consejeros a modo que hoy le responden fielmente. Para ello, por supuesto, contó con la complicidad del entonces presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves, según señalaron algunos de sus propios compañeros magistrados que en su momento se manifestaron en contra de aquella reforma por injerencista y violatoria de la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Recuérdese que, sin embargo, en esta reforma el Ejecutivo recibió un severo revés por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que era inconstitucional someter a jueces y magistrados al examen de control y confianza.

El matutino al que en su momento Alfaro calificó de “basura” y luego llamó “periodiquito”, pero que es el periódico que ha publicado evidencias de la corrupción del actual gobierno y no pocas irregularidades, señaló en su nota de ayer que “otra opción del Ejecutivo para intervenir en el Judicial es desde su Oficialía de Partes. Ahí, más de una decena de personas consultadas por El Diario NTR Guadalajara coincidieron en que dos nombres son los “operadores” (del gobernador): el consejero de la Judicatura Iván Novia Cruz y el ex secretario general del Ayuntamiento de Zapopan Rafael Martínez Ramírez, quienes tienen enlace directo con el abogado general del gobernador, David Bernal Hernández.”Ex diputados de la anterior legislatura -agrega el diario- recordaron que con la llegada de Enrique Alfaro al gobierno del Estado se comenzó a revisar la situación Poder Judicial y se planteó la urgencia de establecer un turno electrónico para los asuntos que llegan a primera instancia; sin embargo, a mediados de 2019 el mandatario estatal les comunicó que necesitaba colocar en la Oficialía de Partes a alguien de su confianza. En ese momento esa instancia era controlada por el priista Pedro de Alba Letipichía, pero con la reconfiguración anunciada por el mandatario el control del CJE y el del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) quedó en manos de Rafael Martínez”.

En este último punto, se sospecha que Rafael Martínez Ramírez fue el operador para sacar adelante la ilegal licitación de arrendamiento de unidades para seguridad pública en Guadalajara, tal y como lo quiso el munícipe Jesús Pablo Lemus Navarro, quien fue su jefe en el Ayuntamiento de Zapopan. Esto también habría sido posible gracias a la complicidad del entonces presidente de la Sala Superior del TJA, José Ramón Jiménez Gutiérrez, quien procedió a atraer el caso y negar la suspensión provisional que ya había emitido la Cuarta Sala Unitaria, sin tener en sus manos el expediente correspondiente como lo marca la Ley de Justicia Administrativa, por lo que se presume que hubo falsificación de documentos.

Pero no sólo eso, también se presume que Martínez Ramírez habría intervenido para que el Juez de Distrito Décimo Noveno, Luis Alberto Márquez Pedroza, haya emitido una resolución contraria a derecho a favor del clan de Lemus Navarro, negando la suspensión definitiva. Por esta razón, la empresa quejosa, Solar Autorentas, SA de CV, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del juez Márquez Pedroza.

Como podrá verse, son muchos los casos en donde es más que evidente de quién es, desde el Ejecutivo, “la mano que mece la cuna” en el Judicial; quién desde el gobierno del Estado mueve los “hilos” de magistrados, jueces y consejeros, con lo que se demuestra que la famosa reforma al Poder Judicial desde el Pode Ejecutivo, con la complicidad de sus lacayos en el Poder Legislativo, no tenía otro propósito que controlar y hasta someter a magistrados y jueces a los deseos de quien ostenta el poder en el estado.