En medio del escándalo público en el que está involucrado uno de sus integrantes -David Gómez Álvarez-, el Comité de Participación Social (CPS) reveló ayer su opinión técnica de evaluación a los aspirantes a la titularidad de la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado, y que podría concluir en una cuestionable decisión si la Comisión de Vigilancia, primero, y el pleno del Legislativo, después, hacen la designación en función de dichos resultados.

Para su evaluación, los miembros del CPS la sustentaron en la información curricular que entregaron los aspirantes y en la resolución de los tres casos prácticos que les aplicaron. Sin embargo, ignoraron los antecedentes que, por supuesto, los aspirantes no incluyeron en su currículum, particularmente de quien logró el más alto puntaje: Israel García Iñíguez.

García Iñiguez obtuvo los máximos puntos (3) en los cinco rubros a calificar para un total de 15 puntos, mientras que su más cercano perseguidor, Fernando Radillo Martínez Sandoval, logró 10 y 4 los otros tres aspirantes: Juan Sánchez Beas, Eduardo Meza Rincón y Luis Alberto Vázquez Arias. Dos más desistieron.

La ausencia de un escrutinio a fondo de cada aspirante, más allá de la información que ellos entregan, lleva a los diputados a tomar decisiones erróneas con graves y serias consecuencias, máxime en un espacio donde está de por medio la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos de los entes auditables.

Un escenario así, lleva a la conclusión de que un Comité como el de Participación Social no cumple con los fines y objetivos para el que fue creado, y da la razón a sus detractores de que para lo único que sirve es para satisfacer intereses de grupo, partidistas o individuales. Y ahí el CPS es parte de aquel dicho que dice: “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”.

Por ejemplo, si bien Israel García obtuvo los tres puntos máximos en los cinco rubros para sumar 15 puntos y colocarse en la primera posición de los aspirantes, ¿no tiene valor o consecuencia alguna el hecho de que en la Auditoría Superior del Estado se le levantó un acta y se le dio de baja por agredir al Director de Administración? Valga destacar que en este caso, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón le dio la razón a la ASEJ y el Tribunal Colegiado lo confirmó.

Además, García Iñiguez demandó a la Auditoría Superior, ente al que hoy pretende vigilar. ¿Esto no se toma en cuenta en la evaluación de éste o de cualquier otro aspirante con antecedentes cuestionables?

¿O no se toma en cuenta que como delegado del IMSS en la región norte de Veracruz fue cesado ocho meses después de asumir el cargo, ante denuncias de irregularidades, tráfico de influencias, acoso laboral y “aviadores”, según publicó entonces el portal “Libertad bajo palabra” de la ciudad de Xalapa?

El que no se refieran estos antecedentes en el currículum o que no se hagan del conocimiento cuando se es sometido a la evaluación, ¿no se incurre en una acción de omisión? ¿Entonces dónde quedan los principios de la fiscalización? ¿Cómo serían sus evaluaciones como titular de la Unidad de Vigilancia?

Ante casos como éste, no debe extrañar entonces que se cuestione el trabajo del Comité de Participación Social que ya en 2016 le otorgó la máxima calificación a Israel García cuando aspiró a ser titular de la ASEJ, pero el pleno lo dejó fuera al obtener apenas 16 de los 26 votos necesarios.

Pero ahora la “papa caliente” está en las manos de la diputada Mirza Flores Gómez, presidente de la Comisión de Vigilancia, quien se convertiría en cómplice si ignora o cierra los ojos a los antecedentes del mejor evaluado, y enviaría la señal de que le mueven otros intereses ajenos a la transparencia y a la vigilancia del buen manejo de los recursos públicos.

¿De qué lado, pues, estará la diputada Mirza Flores, quien aspira ser candidata a la presidencia municipal de Zapopan?

Al tiempo…