Con hechos se ha demostrado desde años atrás, que los Comités de Adquisiciones se convirtieron en refugio de negociaciones y complicidades entre el gobierno del Estado y las cúpulas empresariales ahí representadas, y cuya presencia supuestamente tiene como propósito vigilar que las licitaciones o concursos para adquisición o contratos de servicios se efectuarán con transparencia y legalidad.
Sin embargo, al paso de los años los intereses de unos y otros -gobernantes y cúpulas empresariales- terminaron por imponerse y hacer del intercambio de favores en dichas licitaciones una práctica común en la que todos ellos ganan y los únicos que pierden son los ciudadanos, la sociedad en general, que observan cómo sus recursos, sus impuestos, terminan en componendas entre quienes supuestamente deben de estar al pendiente de que sean debidamente utilizados.
Se estima que anualmente se realizan operaciones de compra en el gobierno estatal por alrededor de 70 mil millones de pesos, lo que se hace en la más completa opacidad al contarse con la complicidad de las cúpulas empresariales que en acuerdo con las autoridades deciden quiénes son los beneficiarios con estas compras, que terminan siendo sus allegados y hasta socios.
Los asuntos en los que se evidenciaron actos de corrupción en materia de adquisiciones quedaron registrados en los medios de comunicación, que fueron las ventanas a través de las cuales los ciudadano se enteraron de los “tejes y manejes” entre los gobiernos -estatal y municipales- y los empresarios.
Ahora, recientemente la Coparmex, la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustriales de Jalisco, hicieron llegar al Congreso del Estado, concretamente a la Junta de Coordinación Política que preside la diputada panista Claudia Murguía, solicitaron la realización de un parlamento abierto con el objetivo de analizar la salida de las representaciones de estas cúpulas empresariales de los comités de adquisiciones, bajo el argumento de que estos representantes pudieran tener responsabilidades penales por sus decisiones.
Sin embargo, trascendió que esta petición habría sido inducida desde el Gobierno del Estado, con quién sabe qué propósito, pues por ley, de acuerdo al Código Penal (Artículo 144 sobre Delitos de Corrupción), los representantes empresariales en los Comités de Adquisiciones no pueden ser sujetos de responsabilidad penal por presuntos actos de corrupción en las decisiones que se tomen dentro de éstos, ya que esa figura sólo aplica en contra de quienes son servidores públicos.
¿Cuál es el verdadero propósito para que las cúpulas empresariales salgan del Comité de Adquisiciones? ¿Quién es el que desde el gobierno estatal ha operado ante las cúpulas empresariales para convencerlas u obligarlas a dar este paso?
A reserva de que se conozca la razón y el nombre del operador, ante esta decisión de las cúpulas empresariales de salirse del Comité de Adquisiciones del gobierno del Estado, es la oportunidad y el momento para que entonces sean otros verdaderos representantes de la sociedad los que ocupen los lugares que los empresarios pretenden dejar vacantes. Y me refiero a las universidades privadas y a la misma Universidad de Guadalajara, a las organizaciones que tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas, a las organizaciones no gubernamentales como Cáritas. Incluso, las propias Cámaras empresariales o industriales que han quedado fuera de estas licitaciones o concursos, por no ser quienes participan directamente, como la textil, la de la construcción, la automotriz, la del calzado y muchas otras que son las principales abastecedoras de los insumos que adquiere el gobierno del Estado.
Es el momento para que quienes por años fueron hechos a un lado de estos Comités de Adquisiciones, so pretexto de que bastaba con que participaran en él las cúpulas empresariales para tener la confianza ciudadana, actúen de manera activa y decidida en la toma de decisiones sobre el buen y transparente manejo de los recursos públicos. No se puede dejar “manos libres” a las autoridades que quizás pretendan hacer su “año de Hidalgo”, en momentos previos a un proceso electoral.
Quizás llegó el momento de que, efectivamente, las cúpulas empresariales salgan del Comité de Adquisiciones, pero para que sean reemplazadas por verdaderos órganos representantes de la sociedad y cumplan con la tarea que estas cúpulas del sector privado tenían obligación de cumplir: vigilar el buen manejo de los recursos públicos. Y no que dejen únicamente en manos del gobierno del Estado las compras millonarias a places y sin vigilancia o supervisión alguna.
Ojalá, pues, que los representantes ciudadanos levanten las manos y obliguen a los diputados a que los tomen en cuenta para cubrir las vacantes en el Comité de Adquisiciones. Y en esto, la diputada Claudia Murguía tiene la palabra.
